Comenzaron las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Críticas, expectativas y alianzas de cara a un proceso que se espera ponga fin a décadas de conflicto. Por Vera Cataño – Especial para DEF
A fines de agosto, la cadena Telesur revelaba la existencia de un acuerdo de diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Horas después, el presidente Santos y el jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), lo confirmaban en apariciones separadas, y desde entonces las expectativas del pueblo colombiano y de toda la región están puestas en un acercamiento que, de avanzar con éxito, podría terminar con la guerrilla más antigua de América Latina y con un conflicto armado que existe desde hace medio siglo y ha causado millones de víctimas entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados.
“APRENDER DE LOS ERRORES DEL PASADO”
Las negociaciones directas entre las FARC y el gobierno de Santos comienzan formalmente este mes de octubre en Oslo y luego se trasladarán a La Habana. En ambas ciudades, tal vez también en otras, las partes implicadas abordarán cinco grandes temas: desarrollo rural y mayor acceso a la tierra, garantías para el ejercicio de oposición política y participación ciudadana, fin del conflicto armado, búsqueda de solución al problema del narcotráfico y derechos de las víctimas. Para Laura Gil, experta en relaciones internacionales y derechos humanos, el aspecto más polémico del diálogo son “los mecanismos de justicia, verdad y reparación, porque la guerrilla siempre ha dicho que no aceptará pagar ni un día de cárcel”.
Cada delegación cuenta con un máximo de diez personas, de las cuales cinco son miembros plenipotenciarios, y en total hay un máximo de treinta representantes en cada delegación. El equipo del gobierno de Santos está dirigido por el exvicepresidente Humberto de la Calle, veterano político, incluye al exdirector de la Policía Nacional y a un excomandante de las fuerzas militares, entre otros.
La mayoría de los miembros elegidos por las FARC son ideólogos y políticos con experiencia en diálogos anteriores. El grupo guerrillero tomó además la iniciativa a la hora de incluir a una mujer en la mesa de negociación, cumpliendo así con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reafirma la importancia del papel de la mujer en la solución de los conflictos. Se trata de Sandra Ramírez, viuda del cofundador Manuel Marulanda.
Las negociaciones directas se producen luego de unas conversaciones exploratorias que comenzaron en febrero y que se han regido, detalló Santos, por la voluntad de terminar con el conflicto y “aprender de los errores del pasado para no repetirlos”. Dos premisas que también iban dirigidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, a la cual invitó a sumarse al diálogo. Sin embargo, el mandatario aclaró que las fuerzas de seguridad del Estado mantendrán sus operaciones y presencia militar “sobre cada centímetro del territorio nacional”. El máximo líder de las FARC, por su parte, afirmó en un video difundido por Internet que llegan a la mesa de diálogo “sin rencores ni arrogancias”.
Desde el comienzo de su mandato en 2010, el presidente colombiano manifestó su compromiso de alcanzar un acuerdo político de paz y ha ido preparando el terreno, por ejemplo fortaleciendo el marco jurídico con la aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que pretende reparar económicamente a las víctimas del conflicto y devolver las tierras ocupadas por las FARC y los grupos paramilitares a sus dueños originales.
Este es el cuarto intento por lograr el cese de hostilidades con la guerrilla desde la década de los 80, cuando esta accedió al diálogo por primera vez. Las últimas conversaciones datan de hace diez años, cuando Andrés Pastrana era presidente. Este mandatario llegó a retirar el Ejército de una zona del sur del país, pero el diálogo fracasó luego de una serie de ataques rebeldes y desde entonces las partes han estado en guerra.
PAÍSES GARANTES Y ACOMPAÑANTES
En el proceso actual, en cambio, hay dos diferencias claves respecto a los anteriores: en primer lugar, no se ha pactado la desmilitarización de territorios ni tampoco un cese del fuego. Además, en esta ocasión las conversaciones se llevan a cabo fuera de Colombia, principalmente en Noruega y Cuba. Ambos países fueron designados como “garantes” de las negociaciones, mientras que Chile y Venezuela son los “acompañantes”.
Consultado sobre la elección de estos países, el analista internacional Horacio Calderón explica que “el acuerdo incluye a Venezuela dada la estrecha relación entre el presidente Chávez y las FARC; y Chile fue elegido porque el primer mandatario Sebastián Piñera brinda al gobierno colombiano las garantías suficientes, dado su perfil político insospechable de cualquier proximidad con ideologías de izquierda”.
Sobre Cuba, añade que “es un aliado histórico de las FARC y confiable para los líderes actuales de la organización”. En lo que respecta a Noruega, “su participación como garante se debe no solo a que es la sede de los premios Nobel, sino fundamentalmente a que ha albergado numerosas negociaciones, incluyendo las de Israel y la OLP y, en tiempos más recientes, las relacionadas con Filipinas”.
De los países mediadores, el que más polémica ha desatado seguramente es Venezuela. Muchos interpretan que Hugo Chávez trata de mostrar su cara más conciliadora para ganar votos en los próximos comicios del país caribeño, cuando optará a una reelección con la que en caso de vencer extendería su mandato a veinte años. Según Calderón, el deterioro de la salud de Chávez también habría sido decisivo para impulsar el proceso en Colombia: “Tal vez sin él en el poder, por una derrota en las próximas elecciones, o por su fallecimiento, faltaría un acompañante clave en el que pudieran confiar las FARC”.
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA
En el ámbito internacional, la decisión de Santos ha suscitado reacciones diversas, la mayoría favorables al diálogo como en el caso de la Argentina, Estados Unidos y Venezuela. Según una encuesta publicada por la organización Ipsos Napoleón Franco, el 77 por ciento de los colombianos también apoya las conversaciones de paz, aunque es significativo que la mayoría se opone a las concesiones necesarias para que tengan éxito. Sobre todo, a aquellas que tienen que ver con que los guerrilleros que están encarcelados en el exterior sean liberados o que los líderes no paguen penas de cárcel, así como que se les dé la posibilidad de participar en política.
Uno de los máximos críticos es el exmandatario Álvaro Uribe, quien durante su mandato (2002-2010) lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos y defiende una solución militar al conflicto. En declaraciones a la radio local Caracol, Uribe calificó de “muy grave” el proceso de paz con las FARC “sin cese de actividades criminales” y afirmó que es una “bofetada a la democracia” que se les permita a los guerrilleros formar parte de la oposición política.
Más allá de la iniciativa de diálogo en sí, muchos son escépticos sobre los resultados que se puedan obtener. Además, existe el temor de que la guerrilla aproveche la situación para recuperar espacio político y militar tras la muerte de sus jefes Alfonso Cano y Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”. De hecho, los enfrentamientos con las tropas del gobierno han continuado en los últimos tiempos y hay estudios que indican que los ataques de este grupo aumentaron un 10 por ciento entre 2010 y 2011.
“En el mejor de los casos, las FARC quedarían desmembradas frente a un futuro acuerdo de paz que muy probablemente sería rechazado por parte de sus líderes y cuadros intermedios. ¿Qué sucedería con estos potenciales disidentes? Pues lo mismo que con muchos de los miembros de la desmovilizada ‘Autodefensa de Colombia’ (AUC), que crearon las bandas criminales conocidas como BACRIMS”, advierte Calderón.
EL RETO DE LA PAZ
El hecho de llegar a un acuerdo que permita resolver el conflicto armado dibujaría una nueva realidad para un país atravesado por el dolor que dejan tantos años de guerra. Además, supondría el fin de uno de los carteles de droga más importantes del mundo, ya que las FARC se financian en parte gracias a la cadena de cultivo, manufactura, distribución y venta de ilícitos. Es evidente que este es uno de los factores que la guerrilla valorará a la hora de negociar: ¿perder los ingresos que le supone el narcotráfico a cambio de qué?
Uno de los reclamos históricos de la guerrilla es la distribución equitativa de las tierras, un tema sensible dado que, como explica Laura Gil, “las FARC, aunque en menor medida que los paramilitares, se apoderaron de tierra ilegalmente (el último estudio menciona 300.000 hectáreas)”. Y añade: “El fin del conflicto podría permitir devolverlas a los campesinos, pero si el Estado no formula y ejecuta una política agrícola, de poco serviría”.
Sin duda, la paz generaría grandes beneficios económicos para el país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cree que Colombia crecería entre uno y dos puntos porcentuales más cada año. De hecho, la revista Dinero señala que la inversión anual en materia de seguridad equivale al 3,5 por ciento del PIB o 14 por ciento del presupuesto nacional. A estos costos hay que sumarles las pérdidas millonarias que dejan los atentados terroristas a la infraestructura vial, eléctrica, minera y petrolera. También habría que considerar los gastos de las empresas privadas en seguridad y las inversiones que cada año dejan de hacerse por el hecho de estar en guerra.
Como contrapartida, los sectores público y privado deberían asimilar la reinserción a la vida civil de los cerca de 8000 militares que componen las FARC. Según una encuesta publicada por Dinero, si bien la gran mayoría -cuatro de cada cinco- de los empresarios, es favorable a la iniciativa del proceso de paz, dos terceras partes de los encuestados no aceptan pagar más impuestos para financiar las obligaciones derivadas de un eventual acuerdo y solo el 40 por ciento estaría dispuesto a contratar a exguerrilleros en sus empresas.
La paz puede estar hoy más cerca que ayer, pero el camino está lleno de obstáculos y es importante que la sociedad colombiana sea consciente del gran esfuerzo que supondrá alcanzarla y, sobre todo, de que durante los primeros tiempos serán mayores los costos que los beneficios. Solamente así se consolidará un escenario que favorezca una paz duradera y estable. Será, en cierta medida, el sacrificio de muchos por el bien del país y de las generaciones venideras. Pero no nos precipitemos: primero hay que llegar a un acuerdo.
