Ecuador: Balance de una década

Luego de diez años en el Palacio de Carondelet, Rafael Correa entrega el poder a su sucesor Lenín Moreno. En este informe, DEF hace un balance de los logros, fracasos y cuentas pendientes de la  “revolución ciudadana”.

Autodefinido como “un humanista cristiano de izquierda”, Rafael Correa ha marcado un punto de inflexión en la historia contemporánea del Ecuador. El líder de Alianza PAIS –acrónimo de “Patria Altiva y Soberana”– logró consolidar su proyecto de “revolución ciudadana” en un país sacudido por una fuerte crisis económica, aquejado por agudos conflictos sociales y sumido en la inestabilidad política desde mediados de la década del 90. Favorecido por un escenario de altos precios internacionales del petróleo –con un promedio del barril a 85,5 dólares entre 2007 y 2014– y una política de gasto público expansiva, este economista guayaquileño gozó de altos niveles de popularidad durante buena parte de su mandato, pero no fue capaz de construir una fuerza política institucionalizada que superara su carisma personal. En el último tramo de su gestión, la merma de ingresos por el desplome del crudo en el mercado mundial y el desgaste de diez años en el poder, con casos de corrupción que involucraron a personajes del círculo más cercano al mandatario, erosionaron el apoyo popular al correísmo.

Del liderazgo a la hegemonía política

Como el propio Rafael Correa admite en el prefacio de su libro “Ecuador, de Banana Republic a la No República”, su vida cambió drásticamente el 21 de abril de 2005. Ese día fue convocado para hacerse cargo del Ministerio de Economía y Finanzas por el entonces presidente Alfredo Palacio, quien había llegado al poder tras la caída de su antecesor y excompañero de fórmula Lucio Gutiérrez, en el último acto de una saga de “golpes blandos” que se fueron sucediendo desde 1997. La aventura duró apenas 106 días, durante los cuales Correa dijo haber demostrado que era viable “un manejo verdaderamente soberano de la política económica –es decir, más que liberar los mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan– con una clara opción preferencial por los más pobres y débiles y priorizando al hombre sobre el capital”. Así lo expresó, con cierto autobombo, en un artículo publicado en noviembre de 2005, un año antes de la victoria electoral que lo llevaría al Palacio de Carondelet.

El meteórico ascenso de este outsider de la política ecuatoriana se produjo en los meses siguientes a su salida del gobierno, cuando construyó en tiempo récord una heterogénea coalición que enfrentó discursivamente a la desprestigiada “partidocracia” y logró imponerse en el balotaje del 26 de noviembre de 2006. “En el núcleo fundacional de Alianza PAIS confluyeron personas que provenían de la vieja tradición de partidos socialdemócratas y democristianos con sectores vinculados al empresariado y otros ligados a movimientos sociales, sindicatos y grupos de izquierda”, explicó a DEF Julio Paltán, sociólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) con un máster en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En ese primer momento, si bien no formaron orgánicamente parte de la alianza, sumaron su respaldo el movimiento indigenista Pachakutik y el maoísta Movimiento Popular Democrático (MPD). Ambos terminarían, con el tiempo, alejándose del correísmo.

La transformación del liderazgo antisistema de Correa en un proyecto hegemónico de poder es analizada por el economista Alberto Acosta, quien fue su ministro de Energía y Minas y presidió la Asamblea Constituyente de Montecristi hasta su desplazamiento en junio de 2008: “Rafael Correa se presentó primero como aliado de los movimientos y organizaciones sociales, e inclusive de la izquierda partidista. Posteriormente ha buscado cooptar –vía propaganda y clientelismo– su base social con cierta conciencia antioligárquica forjada a lo largo de mucho tiempo de lucha social. Paulatinamente ha logrado debilitar al movimiento social y desplazarlo relativamente de la escena política”. En su prólogo al “Balance crítico del Gobierno de Correa”, publicado en 2014 por la Universidad Central del Ecuador (UCE), Acosta dispara sus dardos contra “la política de cooptación y coacción cruzada del correísmo, encaminada a resquebrajar, desarticular, funcionalizar y hasta dividir el movimiento social y particularmente al movimiento indígena, especialmente la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)”. A esta última le creó una organización paralela afín al oficialismo, la Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana.

Sin cambios en la matriz productiva

En una entrevista concedida en 2012 al diario gubernamental El Telégrafo, Correa habló de su programa económico: “El modelo de acumulación no lo hemos podido cambiar drásticamente. Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”. En el ya citado trabajo de la UCE, los economistas Francisco Gachet y Diego Carrión concluyen que “la matriz productiva en el período de Correa no muestra señales de transformación, sino más bien una profundización de las actividades extractivas”. De hecho, las empresas que han registrado un mayor ritmo de crecimiento en sus ganancias son las petroleras internacionales Schlumberger, Halliburton, Andes Petroleum –de capitales chinos– y las nacionales Petroecuador y Flota Petrolera Ecuatoriana.

Al describir la política económica del correísmo, Julio Paltán advirtió que la misma estuvo orientada a “una reestructuración capitalista y a promover la industrialización bajo el modelo surcoreano o del colbertismo francés, con un fuerte impulso del Estado”. En ese sentido, este investigador nos recordó el aceitado vínculo del gobierno con ciertas facciones de la burguesía, que tuvieron como interlocutora privilegiada a Nathalie Cely, ministra de la Producción entre 2009 y 2011. “Lo que sí hubo de parte del gobierno fue un enfrentamiento con otras facciones oligárquicas, como los grandes propietarios de hacienda y sectores de la burguesía financiera que habían estado involucrados en el colapso de la banca ecuatoriana durante la crisis de 1999-2000, cuyos bienes fueron expropiados y pasaron a manos del Estado”, detalló Paltán, aunque aclaró que lejos de involucrar a los trabajadores en la autogestión de esas “empresas recuperadas” terminó por entregar su administración a “grupos parasitarios con gentes muy cercana al entorno del presidente”. Citó, a modo de ejemplo, el caso del Grupo Isaías, propietario de medios de comunicación, ingenios azucareros, inmobiliarias, compañías de seguros y hoteles, entre otros rubros. En julio de 2008, a través de una decisión de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) –órgano de contralor del sistema financiero–, el Estado incautó 195 empresas de esa acomodada familia guayaquileña de origen libanés y pasó a administrarlas.

El sprint final de la década correísta se caracterizó por un viraje en su política económica, en el contexto de un abrupto descenso de los precios del petróleo y la consiguiente merma de fuentes de financiamiento a partir de mediados de 2014. Muestra de ello fue el tratamiento con carácter urgente y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en octubre de 2015, de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera (LOIAPP-IE), destinada a la ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo urbano, rutas, gestión de servicios públicos y concesiones para la administración de terminales portuarias y aeroportuarias. La norma otorga a los grupos privados participantes exenciones al impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas y a los tributos al comercio exterior, entre otros beneficios.

Avances y cuentas pendientes en el terreno social

En el discurso de conmemoración de sus diez años en el poder, el 15 de enero pasado en Guayaquil, Correa afirmó que los logros en materia de reducción de la pobreza en el Ecuador constituyeron “uno de los cambios más exitosos de la historia no solo del país sino del continente”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre diciembre de 2007 y diciembre de 2016 la tasa de pobreza se redujo del 36,7 % al 22,9 %, lo que implicó que salieran de esa condición 1,4 millones de personas; en tanto que la indigencia –extrema pobreza– cayó del 16,5 al 8,7 %. “La pobreza cayó más en zonas urbanas que rurales, donde se mantuvo la pauperización, lo que se refleja en los mayores volúmenes de migración desde el campo hacia la ciudad”, matizó Julio Paltán. De acuerdo con las últimas cifras del INEC, en las zonas rurales la pobreza asciende al 38,2 % y la indigencia, al 17,6 %; en tanto que en las áreas urbanas esos índices se ubican, respectivamente, en el 15,7 % y 4,5 %.

El propio presidente ha dado argumentos acerca de la realidad que viven los sectores campesinos y aborígenes no integrados al circuito productivo. “La pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza; repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza”, dijo en octubre de 2011. En su arenga por el décimo aniversario de la “revolución ciudadana”, cargó contra los mitos de la premodernidad y el paternalismo que achacó a ciertos grupos indigenistas: “Algunos nos quieren hacer creer que la premodernidad es sinónimo del buen vivir […] La inmensa mayoría de los pueblos indígenas, como cualquier grupo humano, quiere carreteras, energía, comunicaciones, salud, educación, una bien entendida modernidad”.

Extractivismo versus ambientalismo

Una de las grandes polémicas que enfrentó al gobierno con grupos ambientalistas y organizaciones sociales ha sido su defensa de la denominada “explotación responsable de los recursos mineros” como herramienta para superar la pobreza y generar mejores condiciones de vida para la población. Correa ha pedido “desterrar falsos dilemas” porque “renunciar a [la explotación de] nuestros recursos naturales por el fundamentalismo de unos cuantos sería inmoral”. El primer megaproyecto minero puesto en marcha durante su administración, en diciembre de 2015, es Mirador, un yacimiento de oro, plata y cobre en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, cuyo operador es la empresa de capitales chinos EcuaCorriente.

En lo que se refiere a la explotación petrolera, la mayor controversia ha sido la decisión del Estado ecuatoriano de dar marcha atrás con la iniciativa Yasuní-ITT, lanzada en 2007 y que pretendía dejar bajo tierra las reservas de crudo del bloque Ishpingo-Tupitini-Tambococha, ubicado en un área protegida en el corazón de la selva amazónica. Se alegó, en aquel momento, que de ese modo se evitaría la emisión a la atmósfera de 400 millones de toneladas de CO2. Sin embargo, al no haber logrado reunir los 3600 millones de dólares solicitados a la comunidad internacional, en abril de 2014 Correa ordenó liquidar los fideicomisos creados a tal efecto y elevó a la Asamblea Nacional un proyecto para declarar de “interés nacional” el aprovechamiento de esos campos petroleros. Alegó que la extracción de crudo solo afectaría al 1 % del Parque Nacional Yasuní y redundaría en cuantiosos recursos en concepto de repartición de excedentes, de los que se beneficiarían principalmente los gobiernos autónomos y descentralizados de la Amazonía.

Lejos del impulso inicial y del tan mentado “paradigma del buen vivir” que se plasmó en 2008 en el texto de la Constitución de Montecristi, al final de su mandato Rafael Correa prefirió optar por la más cruda realpolitik, dilapidando buena parte del capital político que le había aportado un importante colectivo de organizaciones y movimientos sociales que confiaron en su liderazgo una década atrás.

Publicado en: Actualidad, América Latina
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